La Asamblea Nacional decidirá qué leyes deberán ser consultadas a las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
  
Posteriormente, serán las Comisiones Especializadas quienes informen qué artículos de los proyectos de ley deberán ser consultados.

El no estar claros en los plazos y procedimientos para implementar una consulta pre legislativa, motivó a que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la asambleísta de Alianza PAIS, María Paula Romo, plantee reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con el fin de incluir estos aspectos.

Incluso ayer, durante el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se discutió sobre la posibilidad de que la consulta pre legislativa proceda después del primer  debate.

Romo indicó que antes de que el Presidente de la Asamblea informe sobre el inicio de la consulta, “la Comisión Especializada deberá presentar un borrador del informe, previo al segundo debate”. 

Transcurrirán alrededor de 30 días, desde la convocatoria, la publicidad y las inscripciones de los pueblos y nacionalidades para que se concrete la consulta.
Según Romo, ésta deberá efectuarse a través de mecanismos adecuados que respeten las características propias de las comunidades
Es así que la Comisión Especializada sistematizará los resultados y los incluirá en el informe para segundo debate del pleno.   

Cynthia Viteri, de Madera de Guerrero, coincidió en la necesidad de precisar los plazos para la consulta pre legislativa, desde el principio hasta el final, criterio que es compartido por su compañero de bancada, Enrique Herrería.

¿Pero qué es una consulta pre legislativa?
La norma constitucional establece que las comunidades, pueblos y nacionalidades serán consultados cuando se considere que alguna ley afecta sus derechos colectivos. 

César Gracia, integrante de la Comisión de Justicia y asambleísta por AP, indicó que “todas las leyes que vulneren los derechos colectivos de los indígenas, afroecuatorianos y montubios deben ser sometidas a consulta”.

Si bien dijo que el criterio de estos sectores  no es vinculante, sus observaciones deben ser consideradas en gran medida en el proyecto de ley que se analice.  Comentó además que es indispensable efectuar un estudio para saber a quiénes  dirigir la consulta. 

A inicios de mes, el relator de la ONU, James Anaya, reiteró que la consulta pre legislativa más conocida como consulta previa es un derecho de los pueblos y nacionalidades, que es recogido en el Convenio 169 de la OIT. 

Anaya manifestó que “es deber del Estado consultar a las comunidades”.

El relator de la ONU, explicó que el objetivo de la consulta es “lograr el consentimiento libre, previo e informado”.

Luis Almeida, del PSP, junto a los asambleístas Andrés Páez, ID; Henry Cuji, ex ADE; María Cristina Kronfle, PSC-Madera de Guerrero;  y Vicente Taiano, PRIAN, coincidieron en que para la realización de la consulta deberá  contarse con la presencia de un representante de cada organización que haya sido inscrita y aceptada como participante de la consulta, a fin de establecer un diálogo que permita llegar a acuerdos.

Almeida precisó que la consulta debe ser para escuchar a la gente e incluir sus opiniones. Páez dijo que el problema de la consulta pre legislativa depende de la base metodológica.  Su preocupación se centró en cuáles van a ser los mecanismos para la consulta, si serán conferencias, talleres, encuestas o entrevistas. A esto sumó su interés de cómo se van a tabular los resultados y quién los va a hacer. 

Para Páez, “este tema es complejo,  pues bien se podría decir que todas las leyes afectan los derechos colectivos”. No obstante, días atrás, el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, indicó que los proyectos de ley de Cultura y Educación General irán a consulta pre legislativa. 

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Gómez Mera, consideró viable una consulta pre legislativa no solo a las comunidades, pueblos y nacionalidades, sino a todos.          

“Es un recurso democrático que debe tener un tiempo preciso, puede ser de dos a tres meses máximo para que se expresen las opiniones de todas las personas que tienen relación con el tema”, exclamó.