Impuestos a la banca no serán exclusivamente para subir bono

QUITO.-

El proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social no solo busca financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano, sino que también menciona a la pensión asistencial para adultos mayores y otras actividades para una “redistribución de la riqueza”.

Además obliga a la banca y a las organizaciones de la economía popular y solidaria a entregar al Servicio de Rentas Internas (SRI) información sobre depósitos, captaciones y cualquier otro tipo de datos, lo que ha sido calificado por la banca y analistas como atentatorio al sigilo bancario.

El documento, que propone nueve cambios a cinco leyes, fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea el jueves con el carácter de económico urgente.

Las leyes que se reforman son la de Régimen Tributario Interno, la Reformatoria para la Equidad Tributaria, la General de Instituciones del Sistema Financiero, la de la Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero, Popular y Solidaria, y la de Creación del SRI.

En materia tributaria se plantean reformas a cuatro impuestos. En el Impuesto a la Renta (IR) se elimina el beneficio de pagar menos si se reinvierten las utilidades y se cambia el cálculo del anticipo mínimo. El impuesto a los activos en el exterior también modifica su tarifa. Se crea un impuesto a los activos de subsidiarias en el exterior y el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por servicios financieros.

En el primer caso, quitar solo a las instituciones financieras privadas el beneficio de pagar 10 puntos porcentuales menos en su tarifa del IR cuando reinvierten sus utilidades en activos productivos significa, para el analista Alberto Acosta Burneo, un trato discriminatorio, pues el incentivo queda intacto solo para las empresas. El mensaje, dice, es que los bancos no se capitalicen, lo que reducirá la disponibilidad de crédito.

El proyecto también establece que todas las instituciones financieras privadas y las compañías que emiten tarjetas de crédito pagarán su anticipo del IR sobre el 3% de todos sus ingresos gravables que son los que obtienen por el cobro de intereses, así como por comisiones y servicios.

Marcos López, exdirector del Banco Central, explica que con esta propuesta se amplía la base imponible del IR, pues plantea un impuesto directo a todos los ingresos de la banca y de las emisoras de tarjetas.

El proyecto también prevé el cobro de IVA por servicios financieros que estén gravados con tarifa 0.

Se propone además gravar con el impuesto a los activos en el exterior no solo a los fondos disponibles de las entidades domiciliadas fuera del país, sino también a los fondos de sus subsidiarias afiliadas.

Al momento el impuesto a los activos en el exterior es del 0,084% mensual.

El proyecto además plantea subirlo al 0,25% para los fondos disponibles en entidades extranjeras y para las inversiones de emisores con domicilio en el exterior.

La tarifa será del 0,35% cuando la captación de fondos o inversiones sean hechas por la banca a través de sus subsidiarias en paraísos fiscales o a través de oficinas en el exterior.

Un punto, considerado más bien como un estímulo para el sector productivo por López, es la devolución del Impuesto a la Salida de Capitales (ISD) si no ha sido utilizado como crédito tributario.

Las reformas subirían la carga tributaria del 25% a por lo menos el 54% para el sector financiero, dice López.

Finalmente se ponen excepciones al sigilo bancario al obligar a las instituciones financieras y a las organizaciones de la economía popular y solidaria a entregar la información requerida por el SRI. Esto es considerado como una violación a la confidencialidad de los clientes, coinciden Acosta y López.

Otros proyectos

1
Pagos

La Junta Bancaria establecerá el monto máximo de las remuneraciones de los administradores y de los representantes legales de las instituciones financieras.

2
Progresividad

Entre las justificaciones para gravar con impuestos a las utilidades de las instituciones financieras, el proyecto alude al principio constitucional de progresividad (art. 300) que determina que se debe exigir a quienes tengan mayor capacidad económica que soporten una mayor carga tributaria.

Fuente: Diario El Universo