Narcos pagaron $ 10.000 por alquilar lugar para laboratorio

A las 23:00 del miércoles pasado inició la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos en el sector de El Salto de Bigua del cantón Jama: Édison Estuardo Velásquez Echeverría (42), María Eugenia Angulo Quiñónez (37) y Verdy Rodolfo Cevallos Mendoza (32).

Llegaron custodiados por agentes policiales a la Casa Judicial de Bahía de Caráquez, al Juzgado Tercero de Garantías Penales. Allí, Miguel Roldán, fiscal de Delitos Acuáticos y quien estaba de turno en las fiscalía de San Vicente, expuso a la jueza temporal Vilma Díaz las circunstancias en la que se produjo la aprehensión de las tres personas, el miércoles último a las 07:00.

El jefe que comandó el operativo policial relató con detalles el allanamiento de la vivienda donde se encontraban los tres detenidos y sobre la ubicación de otra cabaña en una pendiente de 200 metros que simulaba un laboratorio de procesamiento de droga. Este tenía todo tipo de materiales para la refinación de la pasta básica de cocaína que entró de inmediato a una prueba científica que confirmó su pureza.

En su versión, Édison Velásquez, propietario de la hacienda, reconoció que el 25 de abril pasado, unas personas (no determinó el número) llegaron a su finca para comprar varios litros de leche. “Dijeron ser colombianos y le ofrecieron 10.000 dólares por el alquiler de una parte de la hacienda, que sería utilizada para la fabricación de productos que dejarían mucho dinero”.

El agricultor relató que después de una semana, estos regresaron para asegurar el trato verbal que ya se había concretado con anticipación y le explicaron que se levantaría un laboratorio de droga. Velásquez contó que aceptó la propuesta a cambio de “esa buena suma de dinero”.

Y mencionó que después los vehículos con productos e implementos, comenzaron a llegar cada ocho días a su finca “realizándose cuatro o cinco viajes por día”; labor que lo hacían solo por la noche para evitar ser descubiertos.

Pero dijo que él no trabajó en dicho laboratorio.

Su conviviente, María Angulo, repitió la versión de su esposo, alegando que ellos nunca conocieron los nombres de quienes les pagaron.

Ambos coincidieron en que su yerno (Verdy Rodolfo Cevallos Mendoza) desconocía del convenio de renta de la hacienda y aseguraron que él llegó a visitar a sus hijos desde Chone por las fiestas de San Isidro, versión que fue corroborada por Cevallos, quien dijo desconocer lo que sucedía hasta el momento de la detención.

Luego de las versiones, el fiscal y la jueza, así como el defensor público Miller Cedeño, quien actuó como defensor de los detenidos, revisaron las evidencias presentadas por la Policía (equipos de radio, 2 escopetas, 2 revólveres, 3 cédulas de identidad de igual número de colombianos) y el conteo de los 189 ladrillos (paquetes), almacenados en 6 sacos de yute y una funda de plástico, que suman 304 kilos con 403 gramos (304.403).

El fiscal Roldán solicitó la orden de prisión que fue aceptada por la jueza Vilma Díaz, quien declaró el caso como un delito flagrante por tenencia ilegal de drogas y pidió detención de los imputados para que sean trasladados hasta el Centro de Rehabilitación de Bahía de Caráquez, y a María Angulo hasta el Centro Tomás Larrea de Portoviejo, mientras se realiza el proceso de indagación previa que durará 30 días.

Detalles: Mexicanos
Trámites de repatriación
Los cuerpos de los mexicanos Cruz Solís López y Santiago López Monzón, quienes murieron el domingo pasado en la avioneta que intentaba aterrizar en el sector de San Isidro, en Manabí, permanecían ayer en la morgue de Quito, a la espera de una orden que permita su repatriación a México. Serían cremados para salir del Ecuador.

Originarios de Sinaloa
Ayer, la Funeraria de la Paz contó que los familiares de ambas víctimas (que se encuentran en Quito) la autorizaron para hacer los trámites de repatriación. Los dos fallecidos eran originarios del estado de Sinaloa, en México, donde opera el cartel que lleva el mismo nombre y es considerada una de las regiones más violentas del mundo.

Fuente: Diario El Universo