Penalización del derecho a la huelga preocupa

QUEVEDO. El derecho a la huelga que tenían los trabajadores cuando sentían que se vulneraban sus derechos, desde que se aprobaron las reformas del Código Orgánico Integral Penal, ahora será considerado un delito.

Frente a este la reacción de una dirigente de trabajadores y de un ciudadano no se hizo esperar, ellos exponen sus criterios y la mala señal que se envían desde el gobierno para quienes hacen dirigencia sindical.

Ellos señalan que lo aprobado es como acallar la voz de los trabajadores, es como desarmarlos, pues la protesta en las calles es la única forma de desahogar su descontento por algo que los afecta.

Mientras que el otro ciudadano se encuentra aterrado porque frente a esa aprobación existe un silencio de parte de las grandes organizaciones de trabajadores, y la reacción ha sido casi nula.

Las calles su escenario

Carmen Zamora, Secretaria de la Federación de Trabajadores Cantonal de Quevedo, considera que la Constitución del Estado que rige al Ecuador es la base sobre la que debemos girar los ecuatorianos.

Señaló que presume que al penalizar las movilizaciones de los sectores lo que se busca es callar la voz del pueblo.

Y recordó que los trabajadores la única arma que tienen cuando se sienten vulnerados en sus derechos es salir a las calles para que la ciudadanía conozca lo que está pasando y se haga cumplir.

Subrayó que las calles son la única alternativa que tienen los trabajadores para evidenciar el descontento que los embarga.

Situación crítica

En el caso de los dirigentes, la aprobación de las reformas lo que busca es callar sus voces, porque si se ofende a alguien o dice algo, ya no será el criterio del dirigente sino de los que interpretan el Código Penal Integral, por lo tanto la interpretación de la ley debe de no apegarse a lo que yo quiero sino a la justicia en pleno, es decir no debe de pasar sobre la Constitución del Estado.

La situación en la que quedan los trabajadores es crítica, porque los trabajadores quedarían sin piso, pues ellos por el temor a que lo vayan a meter preso o impedir las movilizaciones coge un temor, porque la represión reprime a los ciudadanos y estos ya no quieren salir.

Algo curioso

Zamora planteó que entonces de ahora en adelante las marchas serán con la boca cerrada, pero expresando los criterios y descontentos por medio de cartulinas, porque se ha perdido definitivamente la lucha social, es decir hay que decir que todo está bien para que no pase nada; porque si se dice que está mal están en contra del gobierno y de quienes están al frente de las autoridades nacionales.

La dirigente sugirió que frente a esta circunstancia el Frente Unitario de Trabajadores debería de convocar a todas las organizaciones para buscar unánimemente la actitud que se va a asumir ante esta decisión, acotó Zamora.
Y además, las organizaciones de base exigir a las centrales sindicales que se convoque a una convención nacional para debatir la situación que hoy afecta a los trabajadores.

‘Son situaciones que a mí como dirigenta me preocupa y que yo he hablado con las organizaciones sociales, con los trabajadores municipales y otros sindicatos del país, pero Carmen Zamora tiene la voz, pero ellos tienen a las masas y son ellos los que deben de exigir para que se resuelva este problema.

Otra visión

David Sánchez Tapia lamentó mucho lo que sucede en el país, y a la vez le llamó la atención la pasividad en la que está sumido y no tiene reacción.

En cuanto a la aprobación que se hiciera el pasado lunes la Asamblea Nacional de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el ciudadano señaló que esta ley no debía el pueblo ecuatoriano permitirse para que se consume.

Sin embargo fue claro y vaticinó que esto acarreará una reacción que debe de darse a nivel nacional para hacer notar la disconformidad y tomar acciones inmediatamente para evitar cualquier situación.

Algo insólito

Indicó que la unidad del pueblo y la presión al gobierno y en especial a la Asamblea para que rectifiquen su proceder, y calificó al COIP como algo insólito muy grave, pues prácticamente descarta los reclamos, protestas y otras situaciones.

Sánchez comentó que el Código afecta a todo el mundo, en especial a los líderes sociales que aspiran a defender el derecho al pueblo, de tal suerte que lo más grave y triste es que ya ningún líder parroquial, provincial, nacional podrá dirigir o levantar la voz de protesta a favor del pueblo debido a que esto será inmediatamente penalizado.

En cuanto a las acciones a tomar, Sánchez reflexionó y dijo que cabe una presión a la Asamblea, unirse, hacer una marcha, ir a la Asamblea a reclamar los derechos porque prácticamente han sido penalizados el derecho a protestar en la calle.

‘En esto estamos viendo que el nuevo código penal ha violentado la Carta Magna que es la Constitución, con esto se está terminando y criminalizando a todo aquel que levante su voz de protesta”, puntualizó el ciudadano.

Fuente: Diario La Hora