Policía y militares participaron en desalojo de edificio en Quevedo

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Quevedo.- Este viernes cuatro calles céntricas del cantón Quevedo amanecieron llenas de policías y militares. A las 03h00 estaban listos para dar cumplimiento a una orden de desalojo que se desarrolló en el viejo y conocido edificio San Luis.

A esta disposición acudieron 297 uniformados entre clases y policías que pertenecen a las unidades del Servicio Rural, Policía Judicial, Criminalística, GOE, UPMA, SIAT y Dinapen. Tuvieron el apoyo de otro personal que llegó de ciudades como Babahoyo, Milagro y Guayaquil. Se unieron 53 soldados del Grupo de Fuerzas Especiales 26 Cenepa acantonado en la ciudad de Quevedo.

La presencia de los uniformados en las calles 7 de Octubre y Bolívar, entre Sexta, Séptima y Octava, ayudó a que todo el desalojo se desarrolle sin enfrentamientos ni detenidos.

El propietario del inmueble, Alberto Ortiz Vásquez y algunos familiares que a esa hora de la madruga permanecían despiertos, reclamaron sobre cierta documentación que faltaba. Eso no constituyó impedimento para que el depositario judicial Roberto Arrechúa Vinueza ejecutara la decisión de la jueza Clara Almeida Mora.

Operativo sin inconvenientes

El coronel de Policía, Pablo Rodríguez, comandante del Distrito Quevedo, ratificó que el operativo respondió a una orden judicial y se desarrolló en forma pacífica. “El proceso de seguridad desplegado fue precisamente para garantizar los Derechos Humanos de las personas”, aseguró.

En este pedido judicial se hicieron presentes el representante de los Derechos Humanos de Quevedo y otras autoridades, quienes verificaron que el desalojo se ejecute con total respeto.

Tradicional edificio

El edificio San Luis es un inmueble asentado desde hace más de cuarenta años, en pleno casco comercial de Quevedo. Desde su construcción sus propietarios mantuvieron un negocio de bazar, en el que expendían toda clase de productos para el hogar.

Ortiz Vásquez contó que en el año 2003 hizo un préstamo de 22 mil dólares con lo cual incrementó su negocio. En el 2006 renovó la deuda con un pago de 9 mil dólares, pero en aquella fecha el gerente le dijo que por lo menos debería ser con el 20%. Cuando fue a efectivizar el pago le indicaron que debía pagar todo o no había arreglo.

Durante el litigio, Ortiz continuó haciendo los pagos. Según indicó, en el 2007 depositó 7.900 dólares. En 2010 hizo un nuevo depósito de 2 mil dólares, lo que sumó 18 mil dólares depositados. Quedaron solo por cancelar 4 mil dólares para cubrir la deuda.

Cuando fue a dialogar con el gerente del banco para liquidar la cuenta le negaron toda posibilidad de arreglo. Lo enviaron a Guayaquil, donde se llevaba el caso. La liquidación se fijó con una deuda de 86 mil dólares y fue cuando le dieron la negativa e indicaron que el edificio estaba embargado y rematado. / Redacción Los Ríos.